Por Arturo Manuel Gracia, Abogado Monteriano.

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¿Qué tan loco hay que estar para asesinar o abusar sexualmente de una persona? Con esta pregunta iniciamos lo que las estadísticas nos muestran, según el grupo de criminalidad de la Policía Nacional entre enero y febrero del 2021 en Montería se registraron más de (50) agresiones sexuales a mujeres y niñas, mas (10) homicidios por causas de género en el departamento de Córdoba.  

 

La Ley 1761 de 2015, la cual tipificó el -FEMINICIDIO- en el código penal, estableciendo tiempos de condena que van entre los (20.8) y (41.6) años de prisión, los cuales se podrán extender hasta los (50) años de prisión si la víctima es menor de edad, mayor de 60 años o con discapacidad física, con este complemento perfecto a la norma constitucional en Colombia, empezó lo que sería el engrosamiento de sanciones contra quienes atentaran contra una mujer más allá por el hecho de serlo o por la condición de su género, incluyendo bastas causales y agravantes de manera muy precisa, un gran salto legislativo fue esa adecuación penal. Celebramos la política criminal de la Fiscalía General de la Nación, que ante cualquier eventualidad el Feminicidio será primera hipótesis en la investigación.

 

En el año 2021 la ciudadanía Monteriana ha debido afrontar los más grandes temores sociales, como es la trasgresión de Derechos a mujeres y niños, sin duda alguna vivimos en una comunidad con claros rasgos machistas y misóginos que provienen de conductas culturales propias de la región, que sin más significado debemos abandonar; justamente para adherirnos a ese desarrollo urbanístico que hace más de una década nos ofreció una nueva oportunidad.

 

El crecimiento urbano nos trajo consigo beneficios pero así también nos trajo complejos comportamientos individuales, que bien sea por ideologías extremas, así como de enfermos mentales, quienes asedian la cotidianidad de nuestra cálida provincia, que en sus décadas pasadas se veía protegida por la inocencia de la ignorancia y costumbres campesinas, muy distantes de filosofías o más allá de las tendencias políticas partidistas, principales promotores de conductas violentas.

 

En Montería no solo hay Homicidios en razón al género, también se desciende a conductas punibles que no atentan contra la vida propiamente, pero SI contra las libertades sexuales, atentados cometidos por sujetos(as) que desfogan sus deseos sin el mínimo interés o respeto humano, desconociendo los límites legales y sociales que existen en este País, estructurado por una norma constitucional expresa y clara en lo que respecta a derechos y obligaciones; será que el problema nace del desconocimiento de leyes sancionatorias (el desconocimiento de la Ley no exime de Responsabilidad para la mala suerte de ellos) por falta de Educación Escolar o por problemas de salud mental, que es hoy un problema de Salud Pública.

 

Las Autoridades permanecen sin identificar las razones, ya que las propias Oficinas Institucionales para la atención en protección a la mujer, han sido deficientes en sus objetivos o inexistentes (no existe linea telefonica para ayuda a mujer, solo para casos de violencia intrafamiliar). El poco tratamiento social que se da en las zonas marginales genera zozobra en las calles, siendo estos ambientes hostiles para distintos sectores, siendo invadidas de indigentes con comportamientos psicóticos de los cuales también existen estadísticas de criminalidad. Para finales de marzo del 2021 se reportaron decenas de abusos cometidos en escenarios deportivos, a usuarios de taxis, transeúntes y conductoras.

 

Las mujeres monterianas NO sienten protección desde ningún estamento social, cualquier trasgresión se enfoca a las burlas y la culpabilidad propia de la víctima. La discriminación de género impera en cada rincón de la ciudad, sometidas a los abusos psicológicos que son silbados de manera tendenciosa por cada hombre y por mujeres de específicas condiciones. Cada vez más expuesta se encuentra la integridad física de comunes ciudadanas en su diario vivir. La Desprotección Institucional es una realidad que atemoriza.

 

Es ahora un deber de las administraciones municipales y departamentales implementar programas serios de protección de género y de infancia, las pocas politicas existentes o limitadas a cada  vigencia presupuesta, a la creación pero NO a una implementación con misiones trascendentales. ¿Cuándo llegara a montería el efectivo tratamiento contra la ascendente ola de crimen contra mujeres y menores de edad? Efectivamente nuestro municipio se ha quedado a medio camino en la implementación de políticas criminales que aporten certeza a la tranquilidad de las miles de monterianas, que al menos una vez en su vida se han visto afectadas por maleantes y enfermos mentales que en su vaga capacidad no disciernen sobre el daño moral y psicológico que le producen a quienes hacen sus víctimas. Está hecho un asunto cotidiano.

 

¡La comunidad exige erradicar la violencia de género, la violencia intrafamiliar y el acoso callejero de sus ámbitos sociales!

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*Para 2020 el decreto N° 460, del Ministerio de Justicia, les ordena a los alcaldes distritales y municipales garantizar la atención de las Comisarías de Familia del país, para que actúen frente a la protección en casos de “violencias en el contexto familiar” y adopten medidas de urgencia para proteger a niñas, niños y adolescentes.

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*Entre 2020 y Marzo de 2021, la Policia Nacional reportó 947 casos de Violencia Intrafamiliar en sus 3 modalidades, con Arma blanca/Contundente/Sin empleo de armas. El primer lugar donde se presenta de violencia de genero es en el nucleo familiar.

 

*Para el cierre de edición de esta columna de opinión, las autoridades de Montería no han dado un reporte claro de la misteriosa muerte de la ciudadana Adriana Chevel, quien fue encontrada muerta el día sábado (03) de Abril de la presente anualidad, siendo este el ultimo hallazgo que consterna a la capital cordobesa.